Hipólito Rodríguez1 y Gerardo Bernache2
El incendio que hoy sufre el vertedero Los Laureles, así como el que tuvo lugar en días pasados en el sitio de Coyula conocido como Matatlán, también en Tonalá, son el resultado de un pésimo manejo por parte de la empresa concesionaria Caabsa y la protección cómplice que le brinda la oficina del gobernador del estado de Jalisco. La conflagración no es un accidente fortuito, sino resultado de la mala operación durante tres décadas y el posterior abandono irresponsable del sitio. La norma mexicana 083 establece los criterios de remediación, mantenimiento y rehabilitación de los sitios de disposición final cuando cumplen su vida útil. La empresa estaba obligada a hacer las labores de cierre y rehabilitación del lugar y a conducir por tres décadas un programa para evitar incendios y mantener infraestructura de ventilación de gas metano y captación de lixiviados. En cambio, al terminar la vida útil del vertedero, regresó a las instancias municipales los predios que tenía en comodato y se desentendió de sus obligaciones contratadas. Estamos, pues, ante un modelo de negocios delictuoso, de una empresa cuyo principal objetivo es maximizar ganancias a costo del resto de la sociedad. Para poder aplicar este modelo, Caabsa invirtió en la corrupción de funcionarios de nivel municipal y de la oficina del gobernador del estado, logrando total impunidad por sus delitos ambientales y una total falta de cumplimiento con los términos de la concesión brindada por Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá.
La criminal contaminación ocasionada por los humos de dicho fuego –por la combustión inacabada de materiales plásticos, llantas, pilas y otro tipo de residuos que genera gases altamente tóxicos, como son dioxinas, furanos y otros compuestos policíclicos, etcétera– no sólo afecta las vías respiratorias de los vecinos directos; toda la población expuesta este tipo de gases queda propensa a desarrollar enfermedades como cáncer, diabetes mellitus tipo II y padecimientos pulmonares obstructivos crónicos.
Los incendios descritos no son los únicos desastres ambientales que ocurren en el infierno ambiental de El Salto. El pasado 12 abril también ocurrió otro en el depósito industrial de plaguicidas de la empresa Agroservicios Nacionales SAPI de CV (ANSA) en el municipio de Tlajomulco. En la región, además, ocurren todos los días atentados criminales contra la salud de la ciudadanía por los inefables niveles de contaminación que genera el vertido de residuos de los parques industriales en el alto río Santiago. Estas son violaciones sistemáticas al derecho humano a un ambiente sano y a la salud, y expresan la total impunidad con que operan la codicia y negligencia empresariales, así como la complicidad de las autoridades estatales y municipales, que les permiten incumplir con las pocas obligaciones ambientales que existen en nuestro país. Los autores de esta contribución para La Jornada nos creemos obligados a exigir al gobernador del estado de Jalisco, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a las dependencias responsables de los gobiernos municipales de Tonalá, Guadalajara, El Salto y Tlajomulco que actúen de inmediato para controlar el actual siniestro y lleven a cabo las obras de mantenimiento y rehabilitación de Los Laureles y el vertedero de Coyula-Matatlán. Además, deben ayudar a perseguir y castigar los delitos de las empresas responsables y negligentes.
Este tipo de problemas se presentan en todo nuestro país. El incremento de las temperaturas y el estiaje multiplican los incendios en los vertederos a cielo abierto y en rellenos sanitarios fuera de norma, porque en ellos se acumulan grandes cantidades de desperdicios de materia orgánica que desordenadamente se mezcla con plásticos, textiles, metales y residuos electrónicos que el consumismo moderno desecha diariamente. La descomposición de la basura genera gases metano, combustible que no cesa de emanar de los tiraderos. Ello crea las condiciones para la multiplicación incontrolada de estos grandes fuegos. Todas las regiones del país han padecido al menos un evento de esta naturaleza en los meses de primavera y verano de este año: las temperaturas oscilan entre 30 y 45 grados centígrados, lo cual, por las condiciones de la mayoría de los tiraderos, hace posible que se produzcan llamas que arden durante días.
A lo anterior, se suman las pésimas condiciones en que se encuentran las corporaciones de bomberos y de protección civil de los municipios, que complican el panorama para la contención de las conflagraciones que se repiten año con año. Este tipo de desgracias reflejan, en un solo trazo, a una clase política y empresarial perversamente acostumbrada a generar riquezas privadas de manera mezquina. Muestran el estilo obsceno de derrochar recursos y una forma inaceptable de sacrificar una parte de la población que los clasistas y racistas de este país consideran basura. Todas las formas brutales de su guerra neoliberal en contra de la sociedad deben cesar.
1Hipólito Rodríguez, doctor en ciencias sociales y ex presidente municipal de Xalapa
2Gerardo Bernache, profesor-investigador del CIESAS Occidente
Este artículo fue publicado originalmente en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2023/06/11/opinion/012a2pol